Según el último Informe de Gesvalt, el precio de la vivienda en el primer trimestre de 2025 creció un 10,3 % interanual, moderando ligeramente el ritmo frente al 10,6 % registrado al cierre de 2024 Gesvalt. Con un valor medio de 1.728 €/m² —un 1,6 % más que en el trimestre anterior y aún un 27 % por debajo del máximo histórico de 2007—, el mercado continúa mostrando signos de desaceleración, aunque la brecha entre oferta y demanda mantiene la presión al alza.
La variación regional es notable. Baleares encabeza el ranking con 3.140 €/m², seguida de cerca por la Comunidad de Madrid (2.835 €/m²) y el País Vasco (2.493 €/m²), siendo las únicas regiones que superan los 2.000 €/m² Gesvalt. Por el contrario, Extremadura (868 €/m²) y Castilla‑La Mancha (931 €/m²) se mantienen por debajo de los 1.000 €/m². En cuanto al crecimiento, Canarias (+12,8 %), Madrid (+11,4 %) y Murcia (+10,8 %) lideran los aumentos interanuales, mientras que territorios como Navarra y Castilla y León crecen por debajo del 2 % Gesvalt.
El mercado del alquiler también acelera, con subidas en todas las provincias; Zamora (+16,8 %) y Teruel (+16,1 %) destacan en un escenario donde Barcelona (23,71 €/m²/mes) y Madrid (20,34 €/m²/mes) marcan los precios más altos Gesvalt. Esta dualidad de precios elevados y disparidad territorial refuerza la urgencia de explorar soluciones alternativas que mitiguen la falta de oferta y la accesibilidad limitada a la primera vivienda.
En este contexto, el proyecto TPD propone impulsar cooperativas de vivienda capaces de negociar colectivamente suelo, optimizar esquemas de financiación compartida y atraer a inversores mediante la coordinación de gestoras especializadas. Al agrupar futuros propietarios, estas cooperativas pueden:
- Acceder a suelo a precio competitivo gracias a compras en bloque.
- Ofrecer la primera vivienda a coste real, reduciendo márgenes especulativos.
- Agilizar trámites urbanísticos y de Junta de Compensación con estatutos adaptados.
El modelo colaborativo de TPD no solo aliviaría la presión sobre los precios, sino que mejoraría la cohesión social y la sostenibilidad del mercado inmobiliario, convirtiendo la desaceleración del crecimiento en una ventana para la innovación y el acceso democrático a la vivienda.