Artículo original de Idealista

Según el II Barómetro de la Vivienda de Grupo Mutua Propietarios, el 36 % de los españoles considera que las políticas públicas de vivienda no tienen ningún efecto y un tercio las califica como contraproducentes, mientras que apenas uno de cada diez cree que podrían cumplir sus objetivos Idealista. Este rechazo se acentúa entre los colectivos más vulnerables —los jóvenes y los hogares con menores ingresos— que muestran un profundo escepticismo sobre la capacidad del Estado para moderar el precio de la vivienda y facilitar el acceso a la primera vivienda.
La opinión pública vaticina además un encarecimiento continuado: el 39 % pronostica subidas en torno al 5–10 % en 2025, y un 22 % espera aumentos superiores al 10 %, frente a solo un 10 % que confía en la estabilidad de los precios Idealista. Ante esta perspectiva, el 75 % de los ciudadanos prevé sufrir perjuicios en su economía doméstica, destacando la disminución de la capacidad de ahorro (39 %), la reducción del ocio y la vida social (31 %) y la posibilidad de cambiar de residencia (29 %) para hacer frente a los costes crecientes Idealista.
Los encuestados atribuyen el alza del mercado a varios factores: la especulación y la compra de inmuebles con fines de inversión (44 %), la escasez de suelo disponible (31 %) y la intervención insuficiente del Gobierno para regular precios (27 %) Idealista. En el ámbito del alquiler, señalan también la falta de políticas efectivas de regulación (27 %) y el incremento de la vivienda turística (30 %) como motores de la inflación de las rentas Idealista.
Frente a este escenario de desconfianza, el proyecto TPD propone un modelo alternativo basado en cooperativas de vivienda que agrupen a futuros propietarios para negociar colectivamente suelo, optimizar la financiación y atraer inversores mediante esquemas de gestión colaborativa. Mediante gestoras especializadas, estas cooperativas pueden ofrecer la primera vivienda a precio de coste, reducir intermediarios y acelerar los procesos administrativos, recuperando así la confianza de la sociedad y aportando soluciones sostenibles a la crisis de asequibilidad.